El final de la Guerra Fría dejó a sus ideólogos con la tarea de crear los sustitutos del “comunista”. También hizo que la industria armamentista buscara nuevos consumidores en mercados de países sin guerras convencionales. Una nueva generación de empresas privadas de seguridad surgió y prosperó bajo el cobijo del miedo al terrorista, en tareas tan variadas como el desarrollo y fabricación de productos para la seguridad, software, armas, vehículos, capacitación, hasta la ejecución de operaciones en campo y la administración de prisiones.

Sirve a los propósitos de este boyante negocio, el cambio en el discurso político. Los enemigos se esconden, crean redes de terrorismo multinacional, usan Internet, no son convencionales y, al no serlo, el Estado requiere poderes extraordinarios sostiene el discurso antiterrorista. El paradigma del derecho penal cambia para sustituir el principio de legalidad y presunción de inocencia por la sospecha y la presunción de culpabilidad. El miedo y la construcción permanente de un enemigo indeterminado ha generado una reacción de apoyo entre buena parte de las sociedades contemporáneas. La vieja estrategia de generar el problema para venderte la solución.

Así llegaron a la legislación de muchos países, incluido México, figuras ajenas al sistema jurídico como el arraigo, el testigo protegido, la denuncia anónima, las intervenciones a las comunicaciones sin autorización judicial y las recompensas. Todas estas figuras se basan en la sospecha de que una persona puede estar involucrada en un ilícito y no en la evidencia fruto de una sólida investigación policial. La doctrina del miedo acrecienta la discrecionalidad y el abuso por parte de los operadores del sistema penal.

El 9/11 en Estados Unidos fue un catalizador de este discurso de este. Pero ningún engaño funciona para siempre. Desde el fiasco de las “armas nucleares de Irak”, pasando por las revelaciones de Bradley Manning y Wikileaks, hasta llegar a la información aportada por Edward Snowden, el discurso del miedo ha quedado expuesto en sus falsa premisas. Buscando seguridad en realidad han desnaturalizado el Estado de Derecho y han colisionado de frente con los derechos humanos. Para muestra un botón. Derechos tan respetados, incluso en la segunda guerra mundial o la guerra fría, como el derecho al asilo, ahora están en duda. Estados Unidos reclama en los hechos, jurisdicción universal bajo su propia e unilateral interpretación.

En el 2007, con el pretexto del combate al narcotráfico y bajo la complacencia de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Verint para transferir a México tecnología de intervención de comunicaciones (spyware), con la participación de agentes de ambos países en el marco del Plan Mérida. Se conocen aspectos de al menos de uno de estos contratos operados por la extinta AFI (desintegrada por la infiltración de grupos criminales). Los datos establecen que se instalaron entre 30 a 107 estaciones de espionaje en todo el país. El periodista Stephen Peacock refiere que este programa puede almacenar hasta 8 millones de comunicaciones.

En julio del 2012, conocimos los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional por más de 2 mil millones de pesos para adquirir equipos y spyware de intercepción de comunicaciones capaces de acceder a toda la información de un dispositivo móvil e incluso hacerlo inoperable si se quiere. Cabe mencionar que las excepciones a la inviolabilidad de las comunicaciones establecidas en el artículo 16 constitucional facultan a la autoridad ministerial a solicitar y recibir de los jueces de control, las órdenes judiciales respectivas pero los militares solo son ministerios públicos para el fuero militar. ¿Qué hace entonces la Sedena con tal equipo de espionaje?

Adicionalmente como señalé en “Sonríe, te están espiando”, conocimos por el programa Citizen Lab de la Universidad de Toronto que en los servidores de Uninet y Iusacell estaba alojado el spyware Finfisher que en otros países ha sido usado contra disidentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos por gobiernos autoritarios. Tras solicitud de verificación de estos hechos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentada por Propuesta Cívica y ContingenteMx el pasado 21 de junio, se han sucedido informaciones alarmantes.

Conocimos por el periódico Reforma que la Procuraduría General de la República adquirió en el 2012 por alrededor de 202 millones de pesos el programa Finfisher de la empresa Obses de México S.A. de C.V. proveedora vinculada a Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna como se consigna en el libro de la periodista Anabel Hérnández, México en llamas. Ante una sospecha de sobreprecio pagado por el gobierno, José Luis Ramírez Becerril representante de esta empresa señaló que el precio es similar al que este mismo programa ha sido vendido a otras instituciones en México, mismo equipo que funciona muy bien mencionó al diario Reforma “Nos reportan que van bien, el tema es que luego se satura el equipo, y esta saturación no tiene que ver con que sea incapaz el equipo, sino que llega a su ciclo de capacidad. Hay un ciclo por día, cuando se termina ese ciclo (se satura), es un tema de la carga de trabajo”.

Enrique Peña Nieto demandó explicaciones al gobierno de EU por el espionaje, pero nada dice aún, sobre el espionaje que realiza el gobierno federal. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un programa multimillonario se sature de esa manera? Si en principio solo las autoridades ministeriales pueden intervenir las comunicaciones bajo supervisión judicial ¿Cuántas y cuáles instituciones han adquirido Finfisher en México? ¿Cuál es el número de autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones privadas y cuál es su fundamento?

Este tema ha generado la solidaridad de las principales organizaciones internacionales sobre la libertad y privacidad en Internet. Privacy Intenational, Citizen Lab, Freedom House, European Center for Constitutonial and Human Rights, entre otras instituciones han pedido al IFAI inicie la verificación y apoyan las acciones emprendidas para salvaguardar los derechos fundamentales en Internet. La sociedad civil está reaccionado en defensa de la Constitución y ante el peligro que el espionaje masivo representa. Del otro lado se encuentra el Estado y la mayoría de sus gobiernos que con la pretensión de omnipresencia atentan contra nuestros principios fundantes.

En su libro Medios sin fin, Giorgio Agamben señala que el “Estado de excepción” que suspende y limita los derechos humanos es necesariamente temporal, pero en nuestros días adquiere progresivamente un carácter permanente y a pesar de su pretensión de legitimidad, se mantiene fuera del orden jurídico.

Mis preguntas son: ¿qué de excepcional tiene la intervención de las comunicaciones si decenas de instituciones han adquirido programas en miles de millones de pesos? y ¿quién les controlará y les establecerá un límite? La respuesta a esta última es clara. Está en manos de la ciudadanía y de sus organizaciones, demandar la restauración del orden constitucional y el respeto a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Jesús Robles Maloof

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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Jesús Robles Maloof

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